Ya habíamos hablado aquí de esto anteriormente. El infame y criticado proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que estaba cocinando el Gobierno del Partido Popular, ya ha visto la luz, acelerado también por el atentado contra la revista Charlie Hebdo en París del pasado mes de Enero, y que ha servido como excusa perfecta al Partido Popular para apuntalar la agresiva (y regresiva) reforma del Código Penal que buscaban desde el recrudecimiento de las protestas contra sus políticas, con la connivencia de un PSOE perdido en sus propias contradicciones.
Llevaba tiempo el Gobierno del Partido Popular buscando la forma de criminalizar, sin que llegasen a parecer métodos propios de dictaduras, todo tipo de resistencia civil a unas políticas que desde el principio fueron encaminadas a exprimir y tratar de traspasar, con aún más virulencia, la máxima riqueza posible de las clases más desfavorecidas a las clases más pudientes, a la vez que se blindaban los privilegios de éstos últimos. Ha sido el Partido Popular el que de esta manera ha escenificado en toda su crudeza la lucha de clases en el Estado español, solo que sin llamarla de esa forma y disfrazándola de "necesarios sacrificios" para salir de esta gran estafa que llaman "crisis".
Toda la batería de reformas llevadas a cabo desde que el Partido Popular llegara al poder en Noviembre de 2011, con una clara impronta neoliberal, han ido encaminadas al desmantelamiento de lo público en favor de lo privado, a la eliminación del acceso universal a los servicios públicos, a la conversión de los derechos en mercancías y de los ciudadanos en clientes, y nunca en condiciones de igualdad, pues a la vez se iban reduciendo cada vez más los derechos laborales de los trabajadores, y se iba incrementando la presión fiscal en todos los ámbitos mientras las grandes fortunas quedaban prácticamente exentas de pagar impuestos.
Como era lógico, era imposible llevar a cabo toda esa batería de políticas mercantilistas sin que hubiese contestación social, por lo que el Gobierno se vio en la disyuntiva de, o bien dar marcha atrás con algunas de esas políticas, o bien silenciar la contestación social mediante la represión y la propaganda en los medios de comunicación. En el actual Gobierno, que siempre tuvieron claro que nunca darían marcha atrás teniendo, por un lado, una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y por otro lado, a la Troika dirigiendo la orgía neoliberal desde Bruselas y Berlín, optaron por la segunda opción. Y para encajar la represión en un marco jurídico legal, se inventaron una "nueva" Ley de Seguridad Ciudadana que declaraba como delito actos que hasta ahora no estaban considerados como tal, y que limitaba en gran medida el derecho de manifestación y de libre expresión, lo que le valió al Gobierno del Partido Popular las agrias críticas y serias acusaciones de autoritarismo por parte de la prensa europea, mientras en el Estado español muchos empezaban a acordarse de la dictadura franquista.
Dicha Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como "Ley Mordaza", es el ingrediente anexo a la reforma del Código Penal que el Gobierno del Partido Popular quería poner en marcha para reprender con mayor dureza lo que ellos consideraban alteraciones del orden público, o dicho de otro modo, son los mecanismos por los que se ilegaliza toda forma de protesta contra el Gobierno y se establece la represión policial, tanto física como administrativa, como solución a la conflictividad generada por el descontento social. A semejante cóctel represivo se le ha añadido también ahora el "Pacto Antiterrorista" acordado entre los partidos del régimen.
El mencionado "Pacto Antiterrorista" fue aprobado en el Congreso el pasado 19 de Febrero, previo acuerdo de PP y PSOE, con la excusa de introducir una "actualización contra los nuevos métodos de actuación, como el yihadismo islamista", y se concreta en el novedoso artículo 573 del Código Penal, que además de explicitar la persecución de actos terroristas, incorpora otros supuestos que nada tienen que ver con aquellos. A saber:
"Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra (...) la integridad moral, (...) el patrimonio, (...) contra la Corona, (...) desórdenes públicos, (...) subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, (...) alterar gravemente la paz pública."
Se establece también la vigilancia intensiva de Internet, donde cualquier alusión que se considere "idónea", que tenga que ver con lo expuesto arriba, se puede igualmente considerar delito de terrorismo, por lo que con el pretexto de la seguridad ciudadana se vigilará y se limitará de facto el derecho a la libre expresión, puesto que se ha buscado una calculada ambigüedad en la definición de la norma (¿quién define lo que es "idóneo"?) para que pueda ser usada para reprimir derechos fundamentales.
Teniendo en cuenta todo el arsenal incorporado ya al Código Penal, que posibilita a la Policía el interpretar subjetivamente qué es o no un delito, podrá ser calificada de terrorista casi cualquier acción de protesta a libre discreción. Hasta la protesta más modesta contra cualquier medida de cualquier administración pública corre peligro, dado que en este caso se pretende obligar a “los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.
El Pacto consistía en introducir la cadena perpetua en el Código Penal (llamándola eufemísticamente "prisión permanente revisable", y que no estaba presente ni siquiera en la dictadura franquista), y estaba pensada sobre todo como método de castigo a los presos de ETA. Pero dada la facilidad con la que cualquier persona que levante un poco la voz podrá ser considerada terrorista a partir de ahora, se utilizará previsiblemente la misma legislación para reprimir derechos como el de manifestación y el de libre expresión, fundamentales en cualquier régimen pretendidamente democrático.
De modo que los aspectos más novedosos que se introducen en el Código Penal quedan resumidos de la siguiente forma:
- Sustitución del principio de “culpabilidad”, más concreto y basado en hechos, por el de “peligrosidad”, sujeto a la interpretación subjetiva del juez de turno.
- En el texto aprobado, se sustituye la expresión “orden
público” por “orden de las vías públicas”, lo que amplia las
posibilidades interpretativas de la represión de la protesta. Como
derivación de ésto, a partir de ahora cometerá un acto grave de
desórdenes públicos el que se niegue a abandonar un lugar, aunque sólo
sea a través de la resistencia pasiva.
Llevar a cabo actos de protesta pacífica, como los que han tenido lugar por preferentistas dentro de oficinas bancarias en horario abierto al público, son punibles, pues “se perturba el funcionamiento normal de la actividad”.
Las penas oscilan entre tres y seis meses de prisión, que se incrementan a nueve meses si hay reincidencia. - Se mantiene la prisión para los piquetes en las huelgas, a quienes se imponen penas mayores que a los empresarios que puedan vulnerar o dificultar el ejercicio del derecho a huelga.
- En consonancia con el punto anterior, se reducen las penas de cárcel a quienes "impidieren o limitaren
el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga".
Las penas pasan de entre seis meses y tres años y medio, a un nuevo tramo de entre seis meses y dos años. - Se equipara la autoridad de los guardias de seguridad con la de los policías "a efectos penales”. Como ocurre ya en el caso de la policía, su simple testimonio en un juicio tendrá carácter de prueba.
- Muchos de los castigos considerados hasta ahora como “faltas” se convierten en “delitos leves” o en sanciones administrativas, todo ello con la intención de incrementar el rigor punitivo, introduciendo 28 infracciones de nuevo cuño. Se agravan las penas de delitos de hurto (el límite pasa de 400 a 500 euros) para aumentar la persecución de “delitos menores”.
En contraste, los delitos contra la Hacienda Pública reciben un tratamiento muchísimo más laxo (claro, aquí los autores ya no serían los "radicales antisistema" o la madre "ni-ni" que roba unos potitos para que sus hijos puedan comer algo, sino los amiguetes del Partido Popular):
- La cuantía mínima a partir de la cual se considerará delito de financiación ilegal de los partidos y se podrá imponer pena de cárcel será de 500.000 € (sí, sí, ¡medio millón de euros!). La trampa, como el caso Bárcenas ha evidenciado públicamente,
consiste en que las donaciones nunca lleguen a estos
montantes, y en caso de querer llegar, basta con hacer donaciones
parciales o troceadas.
A pesar de lo ocurrido en los dos últimos años (o precisamente por ello) se continúa sin contemplar como delito la situación de existencia de contabilidad paralela o "caja B" en un partido. - Se fija un límite desorbitado (120.000 euros) a la hora de considerar la cantidad mínima defraudada a la Hacienda Pública para que pueda constituirse en delito fiscal.
Queda pues meridianamente claro a quién se pretende perseguir con mayor rigor con la aprobación de esta reforma del Código Penal, que viene a reafirmar lo que ya dijimos cuando comentamos este tema aquí por primera vez, España se está convirtiendo en un Estado policial altamente represivo para todos aquellos que alcen su voz contra la política del Gobierno, a la vez que se convierte en el cortijo privado de los grandes defraudadores, que tienen en el Partido Popular a sus mayores representantes. Porque como ya dijimos también en otra ocasión, ellos no entienden la democracia de otra forma, su ideal de democracia consiste en otorgar libertad (e impunidad) a una minoría acomodada y opulenta para cometer todo tipo de abusos de índole económica, política, fiscal o laboral sin que se les persiga por ello, mientras señalan y persiguen a todo aquel que ose cuestionar este modelo, a los que les aplican etiquetas tan variopintas como "radicales", "violentos", "antisistema", "extremistas", "totalitarios" (!!) y ahora también "populistas" para desacreditarlos ante la opinión pública. La única forma en la que pretenden que nos expresemos es echando una papeleta en una urna cada cuatro años, y a ser posible, a una opción que sea respetuosa con los sagrados principios del neoliberalismo, salvo, claro está, que seas una persona malévola que prefiere el caos y el corralito, y te guste Venezuela.
Con las desregulaciones, el desmantelamiento de lo público, la eliminación de los derechos laborales y el blindaje de los privilegios de los ricos, a la "democracia" neoliberal en el Estado español le faltaba todavía una pata para completar el banco, la pata de la represión, que viene a completarse con esta nueva reforma del Código Penal, que bien podría pasar a llamarse "Código Penalísimo". Con la Ley Mordaza y la represión institucionalizada como respuesta del Gobierno al descontento social, ya podemos "disfrutar" de la "democracia" neoliberal en todo su esplendor. Las primeras víctimas no han tardado en aparecer.
Para terminar os dejamos con una pequeña guía en forma de viñeta gráfica de los efectos aplicables que traerá la Ley Mordaza.
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