Al parecer las políticas y el desarrollo del sistema capitalista moderno dieron lugar a que la mayoría de partidos comunistas de la Europa occidental modificaran sustancialmente su ideario y se convirtieran en partidos más reformistas que revolucionarios propiamente dicho.
Desde entonces ha habido sectores de estos partidos, y prácticamente de la totalidad de la izquierda socialdemócrata, que pensaron que mediante reformas en el parlamento se podría cambiar o "amoldar" el sistema en mayor o menor medida para los intereses de la clase trabajadora. Y aunque el empuje de las fuerzas de clase obreras hicieron a estos partidos ejecutar reformas que brindaron a los trabajadores un sistema de seguridad social y unos derechos laborales más amplios (como la jornada de 8 horas, derecho a una pensión, jubilación a los 65 años, derecho a huelga, entre otros), las bases del sistema capitalista se han mantenido, las relaciones empleador-empleado no han cambiado, las relaciones en la empresa en general no han cambiado, el patrón ha seguido beneficiándose de las plusvalías de sus empleados, el beneficio individual ha seguido primando sobre el beneficio colectivo.
Las épocas de bonanza sumadas a la labor de unos medios de comunicación de masas financiados por el gran capital nacional e internacional han sido fundamentales para distraer y adormecer la consciencia social de la población, pasando en su mayoría a sentir más cercanos los pormenores de sus equipos de fútbol que los sucesos que tuviesen lugar en materia política, económica o social, independientemente de que les afectaran en mayor o menor medida, sucesos que además se matuvieron siempre bajo un discurso de lenguaje muy técnico para evitar así el interés general, haciendo creer a la ciudadanía que la política está reservada únicamente a un sector de la sociedad muy especializado: la clase política.
De
esta manera, con el paso del tiempo, se consigue una sociedad dócil,
desmovilizada, perezosa, una sociedad que ha olvidado su consciencia
de clase, y que por consiguiente está totalmente desligada de
cualquier teoría o programa político, así como de los problemas
que como clase social han de enfrentar.
Estos
son los graves estragos sociales que las políticas del llamado
neoliberalismo llegan a provocar en un sistema dominado por
los grandes lobbys y oligopolios del capital financiero.
Ahora,
en plena crisis estructural del sistema capitalista, en la que
estamos viendo cómo las democracias burguesas van degenerando en
regímenes tecnócratas en los que las políticas son dictadas por
los grandes bancos, los consejos directivos de las grandes empresas y
la élite financiera en general, vemos que dichas políticas van
encaminadas únicamente a mantener los privilegios de esa élite (que
no supera el 1% de la población mundial) y a seguir aumentando los
beneficios de éstos a costa del resto de ciudadanos, aunque eso
signifique hundir a países enteros en la quiebra económica más
absoluta, aunque eso signifique legalizar la esclavitud.
Los
recortes decretados por los sucesivos gobiernos en materia de derechos
laborales de los trabajadores (reformas laborales), precarizando al
extremo sus condiciones, abaratando las indemnizaciones por despido, eximiendo a
las empresas de obligaciones legales para con sus trabajadores; los
recortes de las pensiones, el aumento de la edad de jubilación, los recortes en
inversiones públicas fundamentales como la educación y la sanidad
(produciendo el ahogo económico y traduciéndose en el cierre de
plantas e incluso de hospitales enteros), la introducción de impuestos absurdos y abusivos -como el copago
sanitario o el canon digital- la
abusiva y desproporcionada subida de las tasas universitarias, la
eliminación de los fondos públicos para la dependencia o para la
oficina contra el maltrato a las mujeres, mientras que por otro lado
se inyectan miles de millones de euros para tapar los pufos de la
banca privada, se malgastan otros tantos miles de millones en
infraestructuras inútiles sin otra motivación que la de ganar votos
en campaña electoral (como por ejemplo el aeropuerto de Castellón,
inaugurado, sin un solo avión, con fines electorales por Alberto
Fabra, del PP valenciano, y confesado por él mismo), y se aumentan
los gastos militares y policiales -por si hay que reprimir-; todo este cúmulo de despropósitos
dejan ver a todas luces que las necesidades del pueblo son la última
preocupación de estos gobiernos de usurpadores, que su prioridad se
limita en no perder el favor de las élites financieras, de los
mercados como ellos los llaman.
Cabe
en este caso analizar con rigor el supuesto proceso democrático que
tiene lugar en España (y podríamos decir en todo Occidente), dado
que los gobernantes que surgen de estos procesos supuestamente
democráticos, que pertenecen siempre a uno de los dos partidos
hegemónicos, responden únicamente a los dictados de Bruselas y
Berlín, ignorando y ninguneando de manera general las peticiones de
su propio pueblo, como si a éste no le debieran cuentas.
Dadas
las circunstancias, no es descabellado afirmar que aquí, como en
Grecia o en Italia, se está produciendo el secuestro de la
democracia.
Aunque estos hechos tampoco son nuevos, lo único que ha
cambiado es que en el contexto actual de crisis las evidencias de la
falta de democracia real en los sistemas de democracia representativa
(o dictadura de los mercados) son más visibles.
A
estas alturas, la población más o menos mayoritaria de España es
consciente de la necesidad de cambios muy profundos tanto en el
sistema político como en el económico, pero muchos aún piensan que
dichos cambios los podrá llevar a cabo otro partido político en el
poder. Piensan que bastará con votar a otras siglas. Sin duda un
partido político con un verdadero programa de izquierdas (y que no
se desvincule de su programa al llegar al poder) ayudaría a
abrir el camino a esos cambios, pero la solución real no llegará
desde arriba. La crisis es del sistema entero y el creer que el
sistema se solucionará desde arriba, desde las instituciones del
mismo, es caer en un gran error.
En
primer lugar porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder.
El poder económico que gobierna el país luchará con todos sus
medios para proteger sus privilegios. Ningún banquero aceptará la
cancelación de la deuda soberana o que se nacionalicen sus bancos
para una gestión más transparente y democrática. Ningún
empresario aceptará aumentar los salarios de sus empleados, ni que
le obliguen a cumplir escrupulosamente los convenios colectivos y sus
obligaciones legales. Ningún magnate de las comunicaciones aceptará
abrir sus medios para la reflexión y la expresión libre de los
ciudadanos, no consentirá que se generen opiniones contrarias a sus
intereses políticos y económicos.
Unos
amenazarán con sacar sus fondos del país, otros con deslocalizar
sus sedes y fábricas, o directamente situarlas en otros países,
algunos amenazarán con el cierre y otros boicotearán o bloquearán
el suministro de productos básicos.
Cuando
todo esto suceda, ¿qué creen que hará el gobierno del Estado?
¿perseguirles y condenarles? El gobierno de un Estado capitalista
hará lo más fácil, que es ponerse del lado de los que tienen el
poder económico. Y esto tenemos que tenerlo muy claro las personas
de clase trabajadora: el Estado capitalista no se va a enfrentar a
quienes lo financian para hacer justicia social con la clase
trabajadora.
Por
otra parte, sería injusto no reconocer que hay reformistas de
izquierda moderada con buenas intenciones, pero su problema es que
parten de la idea de que la clase trabajadora no tiene capacidad ni
vehículos para acometer los cambios que se precisan, y que
por tanto son ellos los únicos que podrían imponer esos cambios
desde arriba. Pero dada la experiencia que recorre la política
española, es fácil que los ciudadanos se decepcionen con este tipo
de promesas de "cambio", dado que ya fuese la izquierda o
la derecha reformista, resulta que todos los cambios iban dirigidos
siempre en la misma dirección y con la misma idea: que la riqueza
está en las empresas privadas y que los trabajadores son parte de la
mercancía de éstas. Como consecuencia de esta forma de pensar, cada
nueva reforma laboral traía un nuevo paquete de recortes en derechos
laborales para los trabajadores, y más facilidades para las empresas
para realizar despidos y bajar salarios aumentando las jornadas de
trabajo. Pues no olvidemos que quiénes debían recibir los
beneficios, por encima de todo, son las empresas.
Ante estas circunstancias, el ciudadano de clase trabajadora puede comprobar
que la política reformista dentro de un sistema capitalista no está
concebida para atajar de raíz el problema de la explotación
laboral, en el mejor de los casos la suaviza, pero no soluciona el
problema. Y como consecuencia impide la emancipación de la clase
trabajadora y la mantiene como una clase dependiente de los grandes
poderes económicos.
Llegados
al momento actual, cuando la crisis de Occidente no es sólo
financiera sino de la propia estructura de su sistema económico -basado en la especulación financiera-,
las reformas cada vez más agresivas exigidas por los mercados -que son
el eje sobre el que gira el sistema- están polarizando la sociedad
de una forma que están generando una división social cada vez más
acentuada: los ricos, que son cada vez más ricos, que son una
minúscula minoría, son los dueños de las grandes empresas y los
grandes bancos, y acumulan miles de veces la riqueza del resto, que
está formado por las clases medias, medias-bajas, y la clase baja,
entre los cuales el umbral de la pobreza sube como la espuma y la
calidad de vida desciende de manera alarmante, llegando cientos de
miles de ellos a perder el techo que tenían y verse obligados a mendigar.
Está
visto que cuando todo el sistema corre peligro de saltar por los
aires, los primeros en salvarse serán los poderosos, los dueños
del mundo, a costa del populacho, que será el gran
sacrificado y sobre el que se sustentará la supervivencia de los
poderosos, en un símil a lo que ocurrió con el hundimiento del
Titanic, en donde la clase baja era la última con derecho a
salvarse.
Por
estas razones la clase trabajadora debe entender que el reformismo es
insuficiente para lograr la adecuada justicia social, puesto que éste
no pretende cambiar el sistema, y no puede haber justicia social en
un sistema cuya base consiste en aprovecharse de las desgracias
ajenas, en competir con el vecino para llegar más alto que él.
Por
eso el cambio de sistema no puede venir desde arriba, sino que ha de
venir desde abajo, desde las masas, desde las calles, en donde todas
las voces suenan igual de alto. Aquí es donde más debe luchar un verdadero partido revolucionario que defienda la causa de los trabajadores.
Los cambios que se requieren son tan
grandes que no pueden limitarse a meras reformas en el sistema
actual, sino que ha de sustituirse por otro nuevo, un sistema que
garantice la misma protección social y jurídica a todos, que dé a
todos los mismos derechos y las mismas oportunidades (no solo en el papel sino también en la
práctica), que eduque al pueblo en
materia social, política y económica, un sistema donde el pueblo
pueda participar activamente. Debe ser una revolución, para
poder romper totalmente con el antiguo régimen y sentar las bases
para construir una sociedad más justa, más igualitaria, más
solidaria, más colaborativa, más democrática, y abandonar los
antiguos valores individualistas, egoístas y oportunistas de la
sociedad capitalista.
Pero
todo esto choca frontalmente con los intereses de las élites
gobernantes, que para mantener sus privilegios y su posición
dominante no dudarán en recurrir a la violencia y la represión si
hace falta. Por eso la clase trabajadora no podrá limitarse
a recibir golpes y deberá defenderse y organizarse para conseguir
realizar los cambios revolucionarios que busca, para liberarse del
yugo de la opresión de las élites dominantes.
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