viernes, 22 de noviembre de 2013

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana: La dictadura sale del armario



En España hacía tiempo ya que una parte de la población teníamos la certeza de vivir en una dictadura encubierta. Esa certeza de unos cuántos "lunáticos" se convirtió en la sensación de otra gran parte de la población cuando el chiringuito financiero reventó, y desde entonces ha ido en progresivo aumento con cada nueva reforma que recortaba cada vez una porción mayor de los derechos ganados durante las últimas tres décadas. Esa sensación, muy difusa aún hasta hace poco para la mayoría de la población española, se ha ido haciendo cada vez más explícita, y probablemente el punto de inflexión lo marcase el momento en que se decretó, de forma unilateral, que por encima de los derechos civiles fundamentales, por encima de cualquier tipo de protección social, estaba el sostenimiento del sistema bancario, el pago con dinero público de una deuda ilegítima, generada por el inmenso agujero financiero dejado por la banca privada.

No es de extrañar que en los últimos años, al fuerte desapego social hacia la política a nivel general, se le uniesen oleadas de indignación y rebelión fruto del desengaño de una sociedad que durante mucho tiempo ha estado deambulando adormecida entre la burbuja de las bonanzas y la corrupción política, pero siempre con la creencia firme de que vivían en un Estado democrático de derecho. Hasta ahora algunos veteranos lo habían justificado con aquello de "lo de antes era peor (...), antes no se podía ni hablar, no es como lo que hay ahora".

Ciertamente, en otros tiempos hablar de ciertos temas, sobre todo si la opinión era crítica con el régimen, podía resultar peligroso. Ni hablemos ya de hacer propaganda pública contra el régimen de entonces.
Lógicamente, mirado desde el prisma de lo que fue una dictadura militar explícita, puede parecer que lo que vino después era como el despertar de un oscuro letargo, de repente el país se vió abrumado por la llegada de una avalancha de libertades civiles que hasta entonces eran impensables.

Pero la percepción de libertad puede cambiar mucho entre una sociedad acostumbrada al yugo de la bota militar y una sociedad acostumbrada a un tipo más sutil de dictadura, en el que se permiten algunas libertades y derechos civiles. Las del segundo tipo pueden tener mayor sensibilidad, aunque no necesariamente, para percibir la existencia de otros "entes" de poder, sujetos que por lo general no son visibles a la luz pública como parte del poder gobernante ni son identificados como tal, como sí ocurría con los militares, ya que no concurren al circo electoral montado para hacer pasar a este tipo de dictaduras por democracias.
En este segundo tipo de Estados, se permite una cierta libertad individual, pero de la misma forma en que ocurre en las dictaduras militares, la información y los medios de comunicación oficiales son controlados por grupos que escapan de la soberanía popular, y del mismo modo, son utilizados para formar una opinión y un pensamiento colectivo alineado con los valores e intereses de los grupos que manejan el poder, con la diferencia de que en estos Estados se pretende dotar a la información con una falsa aura de neutralidad e imparcialidad que dificulta al grueso de la sociedad la percepción de la auténtica naturaleza del régimen.

El problema para los grupos que manejan el poder en este tipo de Estados pseudo-democráticos viene cuando una importante masa social se da cuenta del fraude del que son objeto, momento en el que empieza a aparecer el fenómeno de la alarma social, que se puede ver agravado dependiendo de la cantidad y el nivel de los derechos que se lesionen. Cuando la conflictividad social llega a un cierto punto de efervescencia, el establishment se ve inmerso en la disyuntiva entre "mantener el orden" o respetar las libertades civiles que supuestamente ampara. Ese es el momento preciso en el que cae la máscara democrática.

En el Estado español, ese punto no sólo se ha alcanzado sino que se ha rebasado. Lo normal en un Estado democrático real, en el que se supone que la soberanía reside en el pueblo, es que el gobierno esté al servicio de sus ciudadanos y escuche las reclamaciones de éste. Pero para un gobierno neoliberal, como los que hay en la práctica totalidad de países europeos, que no reconoce más democracia que la del día en que los votantes van a echar sus papeletas a una urna, que consideran a los que se manifiestan en la calle como extremistas radicales, delincuentes y hasta terroristas, les resulta impensable y disparatado que en las calles se pueda construir democracia, por muchos cientos de miles que se reunan, aunque sean las propias estadísticas oficiales las que corroboren ese malestar social.


Estos auto-considerados "políticos de profesión" no pueden aceptar que los "mindundis" de la calle pretendan sustituirles o forzarles a modificar alguna legislación, porque una vez llegan al poder, pasan a considerar el puesto como una propiedad personal e intransferible, salvo por decisión contraria estrictamente personal o por orden de la cúpula del partido. Para ellos, que una importante masa social proteste en las calles contra sus políticas, representa la violación de la su democracia, por lo que su irrefrenable reacción será poner en marcha los mecanismos y artilugios legales necesarios que aseguren sus privilegios (y los de los que están por encima de ellos) frente a la escalada del conflicto, imponiendo la represión y medidas sancionadoras severas al ejercicio de acciones hasta ahora amparadas en la carta de derechos civiles. Pues son precisamente estos derechos los que pretende criminalizar el gobierno del Partido Popular con la nueva ley que se acaban de sacar de la manga: la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, por la que podrán ser sancionados con multas que oscilan entre los 30.001 y los 600.000 € quienes dirijan, convoquen o simplemente participen en concentraciones frente a alguna sede de institución pública o alrededores, al catalogarlas como infracciones muy graves.

A esta nueva ley se le añade como complemento la reforma del Código Penal que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pretende meter a calzador y que tiene entre sus objetivos la criminalización y el endurecimiento del castigo de cualquier tipo de acción contestataria contra las políticas decretadas por el gobierno.

En los últimos dos años el gobierno se ha visto presionado por las distintas formas de protesta que han ido surgiendo a lo largo y ancho del país, sobre todo tras el enésimo fraude de promesas electorales incumplidas y el atropello de derechos sociales que han ido llevando a cabo con la mayoría de la opinión pública en contra. Y tal como se haría en una dictadura explícita, la forma de introducir las reformas que a nadie gustan es a base de criminalizar y reprimir a los opositores. Entre las formas de protesta que ahora el gobierno pretende convertir en delitos están las siguientes:

  • El uso de las redes sociales como vía para el llamamiento a "movilizaciones no autorizadas", que ahora pasarán a formar parte del grupo de delitos de alteración del orden público, para los que se establecen penas de hasta tres años de cárcel.
  • La resistencia pasiva, que también entrará dentro de los delitos contra el orden público, y que se considerará de mayor gravedad si se lleva a cabo "en una manifestación o en una reunión numerosa", por lo que acciones de protesta pacífica como sentadas en espacios públicos podrán acarrear penas de hasta tres años de cárcel. Ver para creer.
  • La alteración del funcionamiento normal de los servicios de transporte público o telecomunicaciones como forma de protesta, que quedarían catalogados como delitos de sabotaje, y que acarrearían penas de entre uno y cinco años de cárcel.
  • La concentración alrededor de las instituciones públicas, que hasta ahora no estaban tipificadas como delitos y que ellos han descrito como "acoso" o "asedio a la democracia", cuando se rodeen sedes de centros de instituciones como el Congreso de los Diputados, el Senado, los parlamentos regionales, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial.
  • Los escraches como forma de protesta pacífica activa, que en el Partido Popular han llegado a etiquetar nada menos que como "actos terroristas", y que hasta el momento presente no han sido considerados por los jueces como actos delictivos al entender que se trataba de actos ejercidos dentro del legítimo derecho de manifestación y libertad de expresión.

Con la mala excusa de la seguridad ciudadana se pretende hacer del país un auténtico Estado policial, en el que los derechos de manifestación contra la injusticia y la corrupción política, o el de exigir que se respeten los derechos sociales son vigilados y reprimidos. No sólo eso, sino que además tienen la surrealista pretensión de obligarnos a pedirles permiso para protestar ¡contra ellos mismos! ¿se imaginan que para hacer la Revolución Francesa, los revolucionarios hubiesen tenido que pedir permiso al entonces rey Luis XVI? ¿o que los revolucionarios rusos hubiesen tenido que pedir permiso al zar para derribar su régimen feudal y autocrático? Aún hay más, ahora la indumentaria también puede ser un indicativo de sospechoso de alteración del orden público. Se prohibirá ir a una protesta encapuchado o con la cara tapada. A nosotros, por supuesto.
Nos quieren calladitos y obedientes, mientras los que manejan el poder político y económico continúan desvalijando y sometiendo a la población, en especial a las clases más bajas. Franco estaría orgulloso. Es como haber resucitado a su antigua Brigada Político-Social.
De hecho, es objeto de profunda reflexión el hecho de que, según las estadísticas oficiales, España sea el país con menos delitos por habitante de toda la Europa Occidental (45 delitos por cada 1000 habitantes) y al mismo tiempo el que más presos por habitantes tiene (153 presos por cada 100.000 habitantes) siendo la media europea de 70 por cada 100.000. Estos datos certifican una legislación penal y administrativa volcada inequívocamente en la represión y un Estado de profunda impronta policial que hunde sus raíces en los aparatos de represión franquistas.

Aplican aquí las mismas políticas autoritarias que tanto han condenado de otros países en los que había supuestas violaciones de libertades civiles y de Derechos Humanos, con un pretexto cínico e hipócrita, y que lo único a lo que están realmente dirigidas es a proteger los opulentos privilegios de la casta dominante, y si para ello es necesario recurrir al "Estado de excepción", pues que así sea.
¿Qué legitimidad democrática tiene un gobierno que considera como potenciales enemigos a sus propios ciudadanos y a los que, por seguridad, les prohibe el legítimo derecho a rebelarse contra quien les oprime?

A choriceo y mangoneo tampoco hay quien nos gane. España es el líder europeo indiscutible en corrupción política, institucional, de sangre azul y de cuello blanco. En cambio, en este sentido, la consecuencia jurídica más habitual es el indulto, o la prescripción del delito. Y todavía hay quienes tienen la desvergüenza y la desfachatez suficiente para dar lecciones de justicia al Tribunal de Estrasburgo. Definitivamente, Spain is different.

Con esta nueva y antidemocrática ley de impunidad y manga ancha para la represión policial, hemos comprobado que cuando sus señorías ven peligrar sus privilegios, aflora su auténtica naturaleza dictatorial, pero también hemos comprobado, y esto es lo más importante, que el miedo está cambiando de bando.

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